La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres establece el marco jurídico destinado a eliminar cualquier forma de discriminación directa o indirecta entre mujeres y hombres. La norma impone a las Administraciones Públicas el deber de integrar el principio de igualdad en todas sus actuaciones, en la normativa, en los procesos selectivos y en la promoción profesional.
En esta ocasión te acercamos a la aplicación práctica de la Ley Orgánica 3/2007 mediante un caso realista orientado a oposiciones, para que puedas entrenar la interpretación normativa y el razonamiento jurídico que se exige en los exámenes de Administración Pública.
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Caso práctico
El Ayuntamiento de Zaragoza publica las bases de un proceso selectivo para la promoción interna al subgrupo A2. Entre los criterios de valoración, se establece que la experiencia profesional desarrollada en puestos ocupados mayoritariamente por mujeres puntuará un 25 % menos en comparación con la experiencia realizada en puestos ocupados mayoritariamente por hombres.
La motivación recogida en las bases indica que “los puestos ocupados mayoritariamente por hombres presentan un nivel de responsabilidad técnica superior”. Varias empleadas municipales presentan alegaciones alegando discriminación indirecta.
Preguntas:
- ¿Constituye esta medida un caso de discriminación indirecta según la LO 3/2007?
- ¿Debe la Administración justificar la diferencia de trato? ¿Con qué criterios?
- ¿Cuáles son las posibles consecuencias jurídicas si se estima el recurso presentado por las empleadas?
Resolución del caso
El artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2007 define la discriminación indirecta como aquella situación en la que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros sitúan a personas de un sexo en desventaja particular respecto del otro. Reducir la puntuación de la experiencia desempeñada en puestos feminizados supone un impacto negativo específico sobre las mujeres, y constituye un claro supuesto de discriminación indirecta, salvo que exista una justificación objetiva y razonable.
El artículo 14 obliga a las Administraciones Públicas a garantizar la igualdad en el acceso y promoción profesional. Si se establece un trato diferenciado, este debe estar basado en criterios objetivos, pertinentes y proporcionales, lo cual en este caso no se acredita: afirmar que los puestos masculinizados conllevan mayor responsabilidad técnica no es suficiente si no existe una evaluación objetiva y documentada.
Si el recurso se estima, las bases de la convocatoria podrían ser anuladas, debiendo aprobarse una nueva valoración acorde con el principio de igualdad. También podrían revisarse los actos posteriores del proceso selectivo si se demuestra que el criterio discriminatorio ha afectado a las candidaturas.
Conclusión: La diferencia de puntuación constituye discriminación indirecta, al afectar de forma desproporcionada a mujeres sin justificación objetiva suficiente. El Ayuntamiento debe corregir las bases del proceso selectivo para ajustarlas a la LO 3/2007.
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